La llamada emergencia en discapacidad no es simplemente una consecuencia del ajuste económico. Se trata de un mecanismo intencional y sistemático que, desde el accionar del Estado Nacional, está conduciendo a la extinción progresiva de derechos fundamentales de la comunidad con discapacidad. Este proceso se manifiesta en tres comportamientos concretos impulsados desde el Gobierno, que afectan directamente la vida cotidiana de miles de personas en todo el país.
- Dificultades para certificar la discapacidad
El primer paso para acceder a los derechos que otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es, justamente, certificar la discapacidad. Este trámite, que solía ser ágil y accesible, hoy se ve obstaculizado por requisitos excesivamente específicos respecto a los profesionales habilitados para completarlo. En muchas localidades no hay neurólogos especializados en la esfera pública, lo que vuelve el proceso virtualmente imposible.
Un ejemplo concreto: en la provincia de Santa Fe, muchas personas deben trasladarse a Córdoba para acceder a un especialista, pero luego Córdoba no acepta tramitar el CUD a quienes no tienen domicilio allí. El resultado: el certificado no se emite y, por ende, los derechos no se reconocen.
- Demoras y auditorías en las prestaciones básicas
Aun logrando obtener el CUD, los derechos que este habilita—como el acceso a la obra social Incluir Salud y a la pensión no contributiva—están siendo desfinanciados y condicionados mediante mecanismos dilatorios y excluyentes.
Actualmente hay más de un año y medio de atraso en el acceso a Incluir Salud, por ejemplo y se realizan auditorías masivas que dificultan su renovación o acceso a pensiones. En algunos casos, se cita a cientos de personas el mismo día y a la misma hora, sin considerar su movilidad o si han sido correctamente notificadas. Esto provoca la pérdida automática de beneficios, afectando derechos esenciales como la salud, el transporte y la alimentación.
- Desfinanciamiento del sistema de prestaciones
El tercer comportamiento crítico de esta emergencia de discapacidad es el no aumento de los aranceles para las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, los incrementos fueron del 1.2%, 0.8% y 0.5%, respectivamente—muy por debajo de la inflación. Esto genera una migración de profesionales hacia el ámbito privado, dejando a las personas con discapacidad sin atención o con atención insuficiente. Las instituciones especializadas, además, se encuentran al borde del colapso económico, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio.
En conclusión
Estos tres mecanismos—la imposibilidad de certificar, la suspensión de beneficios y la precarización del sistema—conforman una acción dolosa y sistemática del Estado Nacional, que amenaza con extinguir los derechos y la visibilidad de la comunidad con discapacidad en Argentina.
Estemos atentos. Visibilicemos. Actuemos. Tenemos la responsabilidad de socializar esta realidad.
- Emergencia en Discapacidad: ¿Qué está pasando? - 18 abril, 2025
