El mundo ha entrado de lleno en un debate abierto sobre el mejor abordaje de la problemática de las drogas. La “Guerra contra las Drogas” está siendo desplazada del centro de la escena por distintos enfoques que están empezando a generar espacios legales para disputar el poder narco y, al mismo tiempo, volcar a la salud y la prevención de las adicciones recursos que hoy se erogan en pos de erradicar el fenómeno.
Desde hace poco más de 100 años, el mundo entero se sumergió en un entramado normativo que fue posicionando al prohibicionismo como el eje de la disputa contra el consumo de estupefacientes. Ese enfoque se enredó en conflictos geopolíticos durante la Guerra Fría y llevó a los Estados a justificar incursiones militares, invasiones, en las que se perdieron numerosas vidas, al tiempo que sirvió como vehículo para andar y desandar el terreno del lobby político y el control económico del negocio narco. Y cuando no fue un instrumento de los Estados legalmente constituidos, se convirtió en fuente de financiamiento para bandas delictivas de toda índole, el terrorismo, entre otras.
En ese mismo lapso de tiempo, quedó demostrado que prohibir un producto no elimina su mercado. El narcotráfico, tras un siglo de insistencia en las mismas políticas, nunca paró de crecer hasta manejar, según la ONU, el 1,5 por ciento del PBI mundial.
Es probable que un escollo para la discusión abierta de esta problemática sea la misma industria del miedo, la represión y la medicina que se creó alrededor de la prohibición. Nadie querría perderse esa carrera ascendente que no culminará mientras todo se mantenga en la ilegalidad.
Desde hace poco más de 100 años, el mundo entero se sumergió en un entramado normativo que fue posicionando al prohibicionismo como el eje de la disputa contra el consumo de estupefacientes.
Debemos salir de este falso debate sobre si existe estímulo o no al consumo de una sustancia sólo por el hecho de no penalizarla. Tanto Uruguay como EE.UU.y Canada tienen mucho para decirnos sobre este punto dado que ambos países han iniciado desde distintos ángulos el camino de la legalización del cannabis. Ahora el Estado comienza a regular una actividad que hasta hace poco pertenecía al submundo del narcotráfico.
Insistir en el prohibicionismo confina al mundo de las drogas a espacios y organizaciones que recaen en el tráfico de armas, personas y sus órganos, la falsificación y el contrabando, la extorsión y los préstamos usurarios, los secuestros y la piratería, así como la violencia contra el medio ambiente. Ante este escenario crítico, el mundo ha comenzado a transitar los senderos de la despenalización y la legalización de las drogas, con distinto grado de velocidad en diferentes partes de su geografía.
Es probable que un escollo para la discusión abierta de esta problemática sea la misma industria del miedo, la represión y la medicina que se creó alrededor de la prohibición.
En definitiva, la legalización ha empezado a formar parte de las agendas de los Estados. En buena hora. Cuando el uso de los estupefacientes se vaya sistematizando y se le genere un marco legal acorde con los intereses de la sociedad, como ocurre con el alcohol y el tabaco, será el paso final para terminar con este multimillonario negocio ilegal, opresivo y mafioso, y se abrirá la posibilidad de generar un marco de discusión serio sobre los alcances sanitarios, investigativos y sociales de una regulación que se definirá entre el control del mercado o la supervisión del Estado.
Para modificar el escenario es imprescindible redactar nuevos y mejores tratados internacionales sobre la materia, más reales y humanos. En base a esta nueva realidad, el debate se hace imperioso y urgente. La humanidad no puede ni debe volver a fracasar en el abordaje de una problemática que genera tanta muerte y desolación.
Es hora, finalmente, de que nos sentemos a debatir con la evidencia de la historia. Tenemos una ventaja: todavía podemos cambiar.
Paola Spátola es Abogada por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios públicos por la Universidad de El Salvador. Actualmente es Presidenta del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Ha sido Diputada Nacional y Directora Provincial de Política Criminal y Legislación de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
- Legalizar las drogas para combatir el narcotráfico - 10 mayo, 2019
