Se calcula que existen alrededor de 48 millones de trabajadores dependientes de plataformas digitales en todo el mundo y que generan transacciones por 5 mil millones de dólares anualmente. Cuando decimos plataformas digitales nos referimos a redes sociales que cumplen funciones de conexión y articulación de una oferta laboral con una demanda específica. También se las llama «Plataformas de la Economía Colaborativa», aunque el nombre no está exento de polémica. El vínculo de la plataforma con los trabajadores es más bien escaso, diferente de lo que es una empresa tradicional y sus responsabilidades fiscales y laborales están reducidas a la máxima expresión por eso surge la Fundación Fairwork.
A favor de este modelo laboral están quiénes afirman que los trabajadores son cuentapropistas, que se conectan a la aplicación el tiempo y en el momento que quieren, que les da libertad total para dedicarse a lo que quieran y que cada quién es libre de participar o no en este tipo de contratos. Los que están en contra nos dicen que el contrato entre la plataforma y los trabajadores carece completamente de transparencia y que por ejemplo, la fluctuación de los precios – decidida unilateralmente por la plataforma -, el puntuar y dar mejores «tareas» a trabajadores que estén más tiempo conectados o con mejores puntuaciones y otro tipo de estrategias son discriminatorias y violan el contrato inicial al que supuestamente la plataforma invita a los trabajadores.
El vínculo de la plataforma con los trabajadores es más bien escaso, diferente de lo que es una empresa tradicional y sus responsabilidades fiscales y laborales están reducidas a la máxima expresión por eso surge la Fundación Fairwork.
Estamos viendo un enorme crecimiento de este tipo de empleo y una enorme polémica que crece a pasos agigantados. Hay varios proyectos de ley en el mundo que empiezan a ocuparse de regular la actividad. Por caso en Colombia, el Senador Rodrigo Lara Bonilla presentó hace algunos años un proyecto que define a los trabajadores como «Trabajador autónomo con dependencia económica», de forma de al menos compartir las obligaciones fiscales entre las dos partes. Recordemos que en este tipo de actividades, por caso los conductores de Uber, la plataforma les pide que paguen los impuestos del Monotributo al día, tengan una cuenta de banco, presenten un certificado de antecedentes penales y después de seis meses tengan registro de conducir profesional por lo que todo el riesgo y los impuestos corren por cuenta del empleado.
Sin dudas uno de los puntos más polémicos es la imposibilidad de los trabajadores de negociar contratos colectivos que les garanticen un salario mínimo o un precio estable por el servicio que brindan. La fluctuaciones de precio según el horario y la demanda son habituales en Uber, por otro lado hemos visto como empresas como Rappi cambian unilateralmente el precio de los servicios brindados sin ninguna explicación a sus trabajadores.
Los que están en contra nos dicen que el contrato entre la plataforma y los trabajadores carece completamente de transparencia y que por ejemplo, la fluctuación de los precios – decidida unilateralmente por la plataforma -, el puntuar y dar mejores «tareas» a trabajadores que estén más tiempo conectados o con mejores puntuaciones y otro tipo de estrategias son discriminatorias y violan el contrato inicial al que supuestamente la plataforma invita a los trabajadores.
En este sentido el proyecto de la Fundación Fairwork – apoyado por el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford – es generar un marco de investigación sobre cada una de estas plataformas de la economía colaborativa y brindar una especie de «Certificación» a aquellas que cumplan estándares laborales aceptables y por el contrario denunciar aquellas que no lo hagan. De esta forma auditando las mejores y peores prácticas y haciendo conscientes a los consumidores también se podrá poner en discusión un marco razonable y exigible a todas estas organizaciones que en general son esquivas a las regulaciones locales.
Otro de los temas importantes que se plantea la Fundación Fairwork es estudiar en profundidad y globalmente qué tipo de impacto estas plataformas generan en la economía, cómo afectan al resto del empleo, de qué manera es posible regularlas y cómo conseguir que sus beneficios sean asequibles para todos los habitantes de la sociedad sin – por supuesto – impedir el desarrollo tecnológico y el progreso. Una de las experiencias rescatadas por la fundación es la iniciativa de la Fundación FairTrade, que se encargó de hacer la trazabilidad de productos como el café o el chocolate a fin de garantizar que en su producción no hubiera trabajo infantil o explotación laboral. La idea central es empoderar a los consumidores con información de forma de que el éxito o fracaso de estas plataformas esté asociado a la forma en la que cuidan aquello que ofrecen: trabajo ajeno.
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