A raíz del Coronavirus (COVID-19), se ha adoptado la estrategia del distanciamiento social para hacer frente a esta crisis sanitaria y ahora la cuarentena obligatoria para toda la población. Si bien esta es en principio una emergencia de salud pública, sus efectos sociales y económicos son muy graves.
Entre sus consecuencias, el aislamiento para frenar el virus resulta en la imposibilidad de continuar con sus actividades productivas para muchos que no pueden alternar con la modalidad de trabajo remoto. Ante este panorama, quienes cuentan con un empleo formal pueden acceder a licencias y mantener sus ingresos, pero los que están en la informalidad y los trabajadores independientes (trabajadores no registrados, autónomos, monotributistas) se encuentran desprotegidos.
En este contexto, en casi todo el mundo se están discutiendo políticas fiscales que funcionen como un estímulo a la economía y que permita sostener el consumo durante el aislamiento y ante la pérdida de ingresos. Entre estas políticas hay algunas que siempre se han debatido y hoy, a raíz de la crisis, encuentran un amplio consenso en su aplicación: principalmente las transferencias de dinero universales como el Ingreso Básico Universal.
Los que están en la informalidad y los trabajadores independientes (trabajadores no registrados, autónomos, monotributistas) se encuentran desprotegidos.
De hecho, en Estados Unidos se ha anunciado un paquete de casi USD 1.000 millones en concepto de pagos directos a los ciudadanos mayores de 18 años, algo que había sido propuesto también por importantes dirigentes demócratas y republicanos. En Hong Kong, de manera similar, se dispuso otorgar a todos los residentes mayores de 18 años 10.000 dólares HK que equivalen a alrededor de USD 1280, lo cual abarcaría cerca de 7 millones de beneficiarios. En Perú se anunció un bono de 380 soles (USD 105) a las familias más vulnerables que se vean afectadas por la cuarentena obligatoria, y en Taiwán confirmaron una compensación económica para quienes estén sujetos al aislamiento de USD 465.
Si bien el gobierno anunció una serie de medidas económicas para contener a sectores vulnerables de la población, como el refuerzo de la AUH y de las jubilaciones y pensiones, estas medidas no llegan a todos los que no tienen ingresos fijos -como mencionamos, a aquellos que se desempeñan de manera independiente o en la informalidad-.
Por eso desde el Congreso, junto a los diputados Alfredo Cornejo, Luis Petri, Jimena Latorre, Dolores Martínez, Aída Ayala, Claudia Najul y Fabio Quetglas, presentamos un proyecto de Ingreso Básico Universal de emergencia que establece el derecho a una prestación económica universal, destinada a aquellos ciudadanos y residentes permanentes mayores de 18 años que no poseen un ingreso fijo. En el proyecto se excluye a los trabajadores asalariados registrados, jubilados y pensionados ya que estos mantendrán su flujo de ingresos regular. El IBU no impide que los beneficiarios de otras transferencias directas o programas sociales como la AUH reciban esta prestación, toda vez que también sufrirán una pérdida de ingresos propios (teniendo en cuenta que la AUH está destinada a sustentar a sus hijos).
De esta manera, se intenta abarcar con una transferencia directa no condicionada, mientras dure la emergencia sanitaria, a un mayor universo de personas que son muy vulnerables ante la actual crisis. Otras medidas que se han considerado para hacer frente a esta situación no tienen la misma llegada. Por ejemplo, el congelamiento de precios o de tarifas, o la suspensión de pagos, tienen efectos desiguales, y distributivamente inequitativos.
El IBU no impide que los beneficiarios de otras transferencias directas o programas sociales como la AUH reciban esta prestación, toda vez que también sufrirán una pérdida de ingresos propios (teniendo en cuenta que la AUH está destinada a sustentar a sus hijos).
Se ha propuesto que el Ingreso Básico Universal sea de un monto igual al cincuenta por ciento (50%) de la Canasta Básica Alimentaria por Adulto Equivalente, que en enero fue de $5.333,94 y en febrero se estima haya sido de: $5.500, lo cual equivaldría a unos $2.750 por mes. Esto es un monto muy significativo si se considera que el ingreso per cápita familiar de los dos deciles más pobres de la población no llega a $5.000 mensuales.
El IBU de nuestro proyecto es una política costo efectiva, ya que su costo fiscal es mucho más modesto que el de otras propuestas, además de ser distributivamente superior desde el punto de vista de su universalidad e igualdad. En efecto, una erogación de ese monto para el universo propuesto alcanzaría a más de 15 millones de personas y tendría un costo de aproximadamente $44.000 millones por mes, lo cual equivaldría a solo 1,8% del PBI (si se extendiera todo el año). En este sentido, los beneficios sociales y el estímulo fiscal que significaría la implementación del IBU en este contexto de emergencia son innegables al hecho de evaluar qué políticas adoptar para contener la crisis.
Esperamos que este aporte sea tenido en cuenta por el Presidente, ya que tiene que haber alguna medida de protección para los sectores que hoy se encuentran desprotegidos. Cuidar a las personas más vulnerables es cuidarnos a todos, es darles un sostén que les permita cubrir sus necesidades más básicas para poder realmente cumplir con las medidas de aislamiento o cuarentena, sin enfrentar el dilema de violarlas para subsistir. Al mismo tiempo, se sostendría en alguna medida el consumo y, por lo tanto, el trabajo de todos.
Diputado Nacional argentino por la provincia de San Luis. Es Abogado, Magister en Derecho y Economía y Doctorando en Derecho Constitucional. Ha realizado estudios de política, derecho, filosofía, y economía en las Universidades de Harvard (Estados Unidos), Córdoba y Buenos Aires (Argentina), Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y Cádiz (España), Bologna (Italia), Hamburgo (Alemania), Rotterdam (Holanda) y la Universidad Central Europea en Budapest (Hungría).
- Ingreso Básico Universal por el Coronavirus - 20 marzo, 2020
