La economía global se encuentra atravesando una crisis nunca antes vista. La pandemia del covid-19 tendrá efectos sobre la economía de una magnitud tal, que hasta hace pocos meses era impensada y para la cual ningún país estaba preparado. La reducción en la circulación de las personas, necesaria para evitar la propagación del virus, está afectando en forma crítica a las empresas de distintos sectores de la economía, con efectos en sus ventas y el proceso de producción. A su vez, el impacto directo en el empleo formal e informal pone en riesgo el ingreso y el bienestar de millones de personas.
Hoy estamos viendo cómo los países ponen todos sus recursos para impulsar políticas públicas que permitan dar respuestas a un desafío sin precedentes. Resulta difícil predecir cuáles serán los cambios en el sistema económico que dejará esta crisis, pero, sin lugar a dudas, habrá una reivindicación del rol del Estado y las políticas públicas. Argentina ha actuado con decisión y viene adoptando un conjunto de políticas para enfrentar los efectos de la pandemia. El presidente Alberto Fernández dispuso oportunamente el aislamiento social preventivo y obligatorio, al cual le siguieron diversas medidas orientadas a fortalecer el sistema de salud, el suministro de bienes y servicios esenciales, preservar la producción y el trabajo, y a proteger a las argentinas y los argentinos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La reducción en la circulación de las personas, necesaria para evitar la propagación del virus, está afectando en forma crítica a las empresas de distintos sectores de la economía, con efectos en sus ventas y el proceso de producción. A su vez, el impacto directo en el empleo formal e informal pone en riesgo el ingreso y el bienestar de millones de personas.
Este conjunto de medidas implican un considerable esfuerzo fiscal: incrementan sustancialmente las necesidades de gasto y, simultáneamente, disminuyen la capacidad de recaudación. En otras palabras, el Estado debe afrontar los mayores costos de la pandemia con una recaudación que se reduce por una doble vía: el menor nivel de actividad y las medidas de alivio fiscal en sí mismas. En este escenario, Argentina, que ya se encontraba viviendo una crisis social, macroeconómica y deuda muy profunda, debe actuar con creatividad y, sobre todo, con responsabilidad para administrar una limitada caja de herramientas de política económica.
En este marco, la política tributaria tiene un rol doble. Por una parte, debe brindar facilidades a las personas y las empresas para ayudarlas a transitar la emergencia de la manera más íntegra posible. El bienestar de las personas, así como el saber hacer de las firmas, serán clave en la etapa de recuperación post coronavirus. Paralelamente, debe configurar un sistema tributario que permita garantizar una recuperación progresiva de los ingresos públicos a medida que se vayan resolviendo las medidas de aislamiento y, finalizado éste, una recuperación rápida y sostenida de los recursos fiscales.
Para ello, es necesario administrar cuidadosamente el escaso margen de maniobra de la política tributaria. Las medidas que se toman deben ser efectivas para sobrepasar los efectos de la crisis y, a su vez, deben ser razonables sobre la base de la realidad que vive el país. En este sentido, es necesario establecer una serie de principios generales que guíen las mismas:
LA SALUD COMO PRIORIDAD
En primer lugar, lo que estamos transitando es una crisis de salud pública. A través del aislamiento social se busca retardar la propagación del virus para ganar tiempo y fortalecer la capacidad del sistema de salud, y que se pueda dar respuesta sin llegar a un colapso. Es por ello que las primeras decisiones que tomamos estuvieron vinculadas con la reducción de los aranceles a la importación de insumos críticos y la reducción de impuestos que recaen sobre las empresas y las trabajadoras y trabajadores del sector de la salud.
PRIORIZAR A LOS AFECTADOS
Una política tributaria sana y responsable implica orientar los beneficios impositivos hacia aquellas actividades que fueron afectadas en forma crítica por las medidas de aislamiento social y, simultáneamente, mantener la recaudación sobre los sectores que siguen con un nivel de actividad similar o mayor al del inicio de la crisis. Las reducciones de impuestos y las prórrogas universales implican una pérdida innecesaria de recursos fiscales, debido a que alcanzan a actividades económicas con ventas similares o incluso superiores a la situación previa a la crisis. De este modo, no se debe esperar que las disminuciones de impuestos, prórrogas y otros beneficios especiales, sean de carácter general, sino que estarán vinculados con las actividades, empresas y personas que fueron afectadas sustancialmente.
FOCALIZAR ALIVIO TRIBUTARIO
En un contexto de amplia necesidad de recursos, los alivios sobre las obligaciones tributarias deben ser focalizados, priorizando la protección del empleo y el alivio sobre aquellos costos fijos que implican gastos para las empresas, aun ante la ausencia de ingresos. Es por ello que la principal excepción que se dispuso fue la postergación de los vencimientos y la reducción del 95% de las contribuciones patronales a la seguridad social para los sectores afectados. En el caso de los monotributistas, se flexibilizó el régimen para que las obligaciones tributarias no se conviertan en un obstáculo para reanudar las actividades.
Se decide prescindir de este tipo de recursos por sobre otros, como el del IVA, que al estar vinculados con el nivel de actividad, la obligación se ajusta de manera automática: cada empresa paga en función de sus ventas y de esa manera el Estado podrá mantener un flujo de recursos necesarios para financiar los gastos de la pandemia.
FLEXIBILIDAD PARA UN ESCENARIO CAMBIANTE
La duración como la magnitud de los efectos de la crisis es incierta y dependerán de la evolución de la pandemia. Por ello, resulta necesario que los beneficios estén acotados y vinculados a las medidas de aislamiento. No sería razonable realizar postergaciones excesivas, sino más bien todo lo contrario, acotar las medidas a plazos cortos y, luego, si fuese necesario, disponer su extensión.
Bajo estos principios que guían las decisiones de política tributaria, buscamos que las cuentas fiscales no se conviertan en una debilidad en el mediano y largo plazo sino que, por el contrario, las reformas impulsadas en este contexto sirvan para dar una mayor progresividad a nuestro sistema tributario y a ampliar su capacidad para financiar al Estado en el futuro. Esto último comprende el aporte que se requiere de la política tributaria para contribuir a un proceso de desarrollo sostenible con inclusión social, pero también con consistencia macroeconómica.
Es Doctor en Economía por la Universidad de La Plata y Master en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Actualmente es Secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía de la Nación en Argentina. Se ha desempeñado como Subdirector de ARBA, Director de Estudios de la Seguridad Social en la Anses y Presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
- Una política tributaria para la pandemia - 2 mayo, 2020
