De Madrid a Canadá, Estados Unidos, Australia y Escocia, las administraciones públicas están transformando la manera de gestionar sus vehículos. Datos, utilización, TCO, telemática, mantenimiento, energía, ecosistemas abiertos e inteligencia artificial empiezan a definir un nuevo modelo. El desafío para Argentina es enorme.
Durante décadas, la gestión de una flota pública estuvo concentrada principalmente en tres preguntas: cuántos vehículos tenemos, cuánto combustible consumen y cuándo debemos renovarlos.
Ese modelo está cambiando.
Lo que empieza a observarse en diferentes administraciones públicas del mundo es una transformación mucho más profunda: pasar de administrar vehículos a gestionar movilidad.
Y esto implica cambiar también las preguntas.
¿Cuánto se utiliza cada vehículo? ¿Cuánto cuesta realmente cada kilómetro recorrido? ¿Cuánto tiempo permanece disponible? ¿Qué costo generan las inmovilizaciones? ¿Cuál es el momento óptimo para reemplazarlo? ¿Necesitamos realmente todos los vehículos que tenemos?
La tecnología permite hoy responder buena parte de esas preguntas.
Madrid: medir para gestionar
Madrid ofrece un ejemplo interesante.
A junio de 2026, el Ayuntamiento disponía de 2.473 vehículos municipales. De ellos, 1.770 estaban asignados a Seguridad y Emergencias.
Pero hay otro dato significativo: en diciembre de 2024 la flota tenía 2.583 unidades y al cierre de 2025 había descendido a 2.366.
Más allá de las variaciones operativas entre períodos, la información permite introducir una discusión fundamental: una mejor prestación del servicio público no necesariamente requiere una flota más grande.
Madrid también publica los costos de su parque móvil.
Sólo durante el primer semestre de 2026, la flota de Seguridad y Emergencias registró aproximadamente €9 millones en renting, €1,44 millones en combustible y €641.000 en mantenimiento.
La ciudad, además, tenía a junio de 2026 un 23,45% de vehículos con distintivo CERO y otro 21,07% ECO.
El dato importante no es únicamente la incorporación de nuevas tecnologías. Es la posibilidad de medir la composición, utilización y costo de la flota.
Estados Unidos: conocer cuánto se usa cada vehículo
Estados Unidos avanza sobre otro concepto fundamental: utilización.
Las agencias federales reportan anualmente información de sus flotas mediante el Federal Automotive Statistical Tool (FAST).
La General Services Administration consolida información sobre inventario, costos, consumo de combustible y utilización en el Federal Fleet Report.
El objetivo es sencillo pero poderoso: disponer de información para tomar decisiones y, al mismo tiempo, generar transparencia sobre la utilización de recursos públicos.
Una flota moderna ya no debería medirse solamente por cantidad de vehículos.
Debería medir kilómetros, horas de utilización, disponibilidad, consumo, mantenimiento, costo operativo y productividad de cada activo.
Canadá: electrificar después de entender la operación
Canadá ofrece otra señal interesante.
Su gobierno federal administra aproximadamente 12.629 vehículos livianos dentro de la flota convencional alcanzada por sus principales objetivos de transición, además de más de 5.400 vehículos medianos y pesados.
Durante 2024-2025 adquirió 1.733 vehículos convencionales. Entre los livianos comprados, 630 fueron cero emisiones y 305 híbridos.
Pero Canadá también reconoce una realidad que muchas veces se pierde dentro de la discusión sobre electrificación: no todos los vehículos pueden realizar la transición al mismo ritmo.
Existe mucha más disponibilidad tecnológica para automóviles y SUV que para determinadas vans, pickups y vehículos pesados.
Esto introduce un principio que considero fundamental:
la tecnología debe adaptarse a la misión del vehículo y no la misión del vehículo a la tecnología.
Australia: gestionar activos por casi AUD 1.000 millones
Australia permite dimensionar económicamente el desafío.
A junio de 2026, la flota del Commonwealth comprendía 27.318 vehículos y otros activos, con un valor indicativo cercano a AUD 985 millones.
Dentro de los vehículos de pasajeros —incluidos SUV— el 23,5% ya correspondía a eléctricos a batería o híbridos enchufables.
Pero nuevamente, la discusión excede la motorización.
Cuando un Estado administra decenas de miles de activos, pequeños porcentajes de mejora en utilización, mantenimiento, consumo o dimensionamiento pueden representar impactos económicos muy importantes.
Escocia muestra por qué no existe una única solución
Escocia quizás sea uno de los mejores ejemplos de por qué la gestión debe realizarse según la misión operativa.
Su relevamiento de 2025 identifica 33.197 vehículos públicos, de los cuales 7.569 —22,8%— son cero emisiones.
Sin embargo, el porcentaje cambia radicalmente según el vehículo.
En automóviles alcanza el 50,2%.
En vans, 16,9%.
En vehículos pesados, apenas 0,3%.
En recolectores de residuos, 1,5%.
Y en vehículos de bomberos, 0,1%.
La conclusión es evidente: no existe una única tecnología capaz de resolver hoy todas las necesidades de una flota pública.
El próximo salto: conectar los datos y construir ecosistemas abiertos
Hay, además, una transformación que considero determinante.
Muchas flotas públicas siguen trabajando con información fragmentada.
Combustible en un sistema. Mantenimiento en otro. GPS y telemática en otro. Compras, seguros, multas y documentación en plataformas diferentes. Y a medida que avanza la electrificación aparecen nuevos actores: energía, cargadores e infraestructura.
El verdadero salto tecnológico será conectar esos mundos.
Combustible + energía + telemática + mantenimiento + talleres + neumáticos + conductores + documentación + costos.
Pero conectar información requiere también cambiar la lógica con la que los gobiernos construyen y contratan sus soluciones tecnológicas.
Las administraciones públicas necesitan avanzar desde sistemas cerrados hacia ecosistemas abiertos, interoperables y capaces de integrar diferentes proveedores y tecnologías.
El futuro de la gestión de flotas no debería depender de que un único proveedor resuelva todo.
Por el contrario, debería permitir que distintos especialistas participen de un mismo ecosistema y que sus soluciones puedan comunicarse entre sí.
Esto supone incorporar conceptos como interoperabilidad, APIs, estándares de integración y portabilidad de los datos.
El Estado debería poder elegir la mejor solución para combustible, mantenimiento, telemática, energía o cualquier otro servicio sin quedar condicionado por la imposibilidad de conectar esa información con el resto de su operación.
En un ecosistema abierto, el centro deja de ser el proveedor o la plataforma. El centro pasa a ser el dato.
Y eso tiene una consecuencia adicional: genera mayor competencia, facilita la incorporación de nuevas tecnologías y reduce la dependencia de soluciones cerradas que pueden volverse obsoletas.
No se trata de que todos hagan todo, Se trata de que todos puedan conectarse.
Cuando esa información se integra, aparece algo mucho más valioso que los datos: inteligencia para decidir.
Y ahí la Inteligencia Artificial puede jugar un papel enorme.
Detectar consumos fuera de patrón, identificar vehículos subutilizados, anticipar fallas, encontrar desvíos, comparar unidades equivalentes y predecir necesidades de mantenimiento son algunas de las posibilidades.
La evolución, entonces, no consiste solamente en digitalizar una flota.
Consiste en construir un ecosistema capaz de conectar información, proveedores y tecnologías para transformar esos datos en mejores decisiones.
Cambiar el indicador: del tamaño de la flota al servicio que genera
Durante años tendimos a dimensionar una flota pública por su cantidad de vehículos.
Pero tener más unidades no significa necesariamente prestar un mejor servicio.
La discusión ya no debería ser cuántos vehículos tiene el Estado, sino cuánto servicio público genera cada vehículo y a qué costo.
Ese cambio de enfoque obliga a incorporar nuevos indicadores: disponibilidad, utilización, costo por kilómetro, costo por hora operativa, consumo, mantenimiento, nivel de servicio y costo total de propiedad —TCO—.
Porque el verdadero objetivo de una flota pública no es tener vehículos.
Es garantizar movilidad para prestar servicios a los ciudadanos.
Un patrullero no genera valor por formar parte de un inventario. Lo genera cuando está disponible para patrullar.
Una ambulancia genera valor cuando está operativa para responder a una emergencia.
Un vehículo de inspección lo hace cuando permite que un organismo cumpla su función.
Por eso, el verdadero indicador debería empezar a ser la productividad de cada activo en relación con el servicio público que genera.
Cuanto mayor sea la capacidad de prestar esos servicios con menos inmovilizaciones, mayor utilización y menores costos, mayor será también la productividad de los recursos públicos.
Argentina tiene una enorme oportunidad con la flota pública del futuro
Nación, provincias, municipios, fuerzas de seguridad, empresas públicas y organismos descentralizados administran miles de vehículos y trabajan con múltiples proveedores de combustible, mantenimiento, telemática, talleres, seguros, neumáticos, vehículos y tecnología.
La oportunidad no consiste únicamente en digitalizar esos procesos, Consiste en integrarlos para empezar a formar parte de una verdadera política de gestión de flotas públicas.
Además del precio, la cobertura y la capacidad técnica, conceptos como interoperabilidad, APIs, portabilidad de datos y capacidad de integración con terceros deberían adquirir cada vez mayor relevancia.
Porque las tecnologías van a cambiar, los vehículos van a cambiar, las fuentes de energía van a cambiar y los proveedores van a cambiar.
Y es evidente que aparecerán soluciones que hoy todavía no conocemos y el ecosistema debe estar preparado para incorporarlas.
La flota pública del futuro seguramente será más eléctrica.
Pero también será más conectada, más medida, más integrada, más abierta y mucho más inteligente.
Durante años convivirán diferentes tecnologías y fuentes de energía. El combustible seguirá teniendo un rol relevante mientras la electricidad irá ganando participación. La telemática continuará expandiéndose y la Inteligencia Artificial permitirá encontrar patrones y oportunidades que hoy permanecen ocultos.
Pero por encima de todas esas tecnologías habrá un elemento determinante: “La calidad y la integración de la información con la que se toman las decisiones”.
Modernizar una flota pública no significa solamente reemplazar vehículos viejos por nuevos, tampoco significa digitalizar procesos que antes eran manuales. Significa cambiar la forma de gestionarlos.
El verdadero salto será pasar de administrar vehículos a gestionar movilidad pública; de medir cantidad de unidades a medir productividad; de analizar costos aislados a comprender el TCO; y de depender de sistemas cerrados a construir ecosistemas abiertos capaces de conectar datos, proveedores y tecnologías.
Porque, al final, la discusión ya no debería ser cuántos vehículos tiene el Estado.
La discusión debería ser cuánto servicio público genera cada vehículo y a qué costo.
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