América Latina tiene algunas características que la diferencian de otras regiones del planeta, es la región más urbanizada y también la más desigual, no la más pobre, sino donde las diferencias entre los que más y los que menos tienen se encuentran más profundizadas. Más del 80 % de la población de América Latina vive en ciudades y esta tendencia de urbanización parece no detenerse y es una constante en todos los países de la región. El año 1963 fue bisagra y América Latina dejó de ser una región con población predominantemente rural y campesina para empezar a ser urbana y citadina. Los habitantes de las ciudades crecieron aceleradamente: si en 1950 el 41 % de la población vivía en ciudades para 2010 llegó al doble (82 %).
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) calcula que la tasa de urbanización en la región será de cerca del 89 % de la población en el 2050. Sin embargo, Como sostiene Marcelo Corti en su libro “La ciudad posible” “este dato no es un indicador de desarrollo sino más bien de las contradicciones propias de la región. Gran parte de lo que llamamos «ciudad» es en realidad un aglomerado sin calidad, carente de los servicios y atributos que definen lo urbano”.
Las ciudades en los países en desarrollo crecen de forma muy rápida en dos aspectos simultáneos. Primero, por el crecimiento de su tamaño de población a causa del crecimiento natural, la inmigración rural, el aumento en la esperanza de vida, etc. Pero segundo, también se expanden físicamente a medida que la población demanda más espacios para vivienda y que las industrias, sobre todo que consumen una mayor cantidad de suelo se desplazan del centro hacia la periferia urbana.
Este rápido crecimiento de las ciudades en los países de América Latina y el Caribe atrae consigo una serie de problemáticas más intensas, por ejemplo la contaminación de suelo, agua y aire; el desplazamiento de sectores sociales más pobres o campesinos por la demanda de espacio para vivienda de la clase media o de industrias y centros comerciales; la privatización de espacios públicos, el incremento de la pobreza urbana y de la violencia, el aumento del uso de transporte privado y la incapacidad del transporte público para atender a la demanda, calles y avenidas con poco o nulo mantenimiento, falta de infraestructura para que la industrie se desarrolle, etc. Pero además, los gobiernos locales se enfrentan a escases de ingresos propios y la fuerte dependencia, de recursos nacionales que en la gran mayoría de las veces se distribuyen discrecionalmente.
Sin embargo, hay un dato proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID. 2015) referido a que el crecimiento de las megaciudades de la región está en declive, tanto a nivel económico como poblacional. Es cierto que siguen creciendo, pero a menor ritmo que las ciudades “emergentes” o intermedias (Ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes). Tienen un PBI per cápita cercano a 1.5 veces el del promedio de la región pero esta brecha se irá cerrando respecto de las emergentes hacia el año 2025. Las megaciudades comienzan a presentar des-economías de escala, causadas por el tráfico, la inseguridad y la contaminación ambiental que están reduciendo su ventaja comparativa. Estas megaciudades han “incorporado” de manera sistémica a las ciudades vecinas pequeñas pero no a nivel jurisdiccional político ni de planificación, por lo que las ineficiencias se multiplican.
Otra variable que se repite a nivel regional, es la migración interna. En busca de una mejor calidad de vida, oferta de servicios, oportunidades laborales los ciudadanos del interior profundo principalmente de zonas rurales, migran hacia las ciudades más pobladas, capitales de provincia o regionales, y en última instancia capitales nacionales con una “maleta llena de ilusiones” y que la gran mayoría de las veces no logran cumplirse.
Las megaciudades comienzan a presentar des-economías de escala, causadas por el tráfico, la inseguridad y la contaminación ambiental que están reduciendo su ventaja comparativa.
¿Qué ocurre entonces con estos migrantes integrantes en su gran mayoría? Pasan a engrosar los cordones periféricos de las principales ciudades. El crecimiento demográfico desmedido, el mal uso del suelo, la falta de respeto a las planificaciones urbanas (en caso de existir) hace que las ciudades se encuentren imposibilitadas de dar respuestas reales a las demandas de los “nuevos vecinos” en cuanto a provisión de servicios públicos, viviendas, movilidad, espacios públicos, espacios de cuidado, etc. Desde la segunda posguerra, la migración poblacional del campo a la ciudad generó una presión demográfica sin precedentes que condujo a la aparición de los llamados asentamientos humanos precarios, que desbordaron la mancha urbana consolidada para formar las favelas en Brasil, Villas Miseria en Argentina, Barrios de Rancho en Venezuela, Colonias populares en México y Pueblos Jóvenes en Perú. Adicionalmente produjo el nacimiento de un nuevo sujeto urbano cuyas demandas superaron la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública.
Entonces la consabida búsqueda de oportunidades y una mejor calidad de vida se vuelve una quimera, y se empieza a convivir con problemáticas vinculadas a la marginalidad como la inseguridad y sus múltiples consecuencias. Como suele decir Antoni Gutiérrez – Rubí, se hace cada vez más evidente que las ciudades reproducen las problemáticas globales. Los desafíos que genera la migración, el medioambiente, el derecho a la vivienda o la pobreza son más abarcables para Administraciones locales, capaces de desarrollar políticas públicas cuyo efecto es mucho más palpable, más inmediato, especialmente cuando las pueden implementar en red compartiendo entre ellas las posibles soluciones.
Como suele decir Antoni Gutiérrez – Rubí, se hace cada vez más evidente que las ciudades reproducen las problemáticas globales
El ODS 11 representa un gran paso hacia adelante en el reconocimiento del poder transformador de la urbanización para el desarrollo, y en el papel de los líderes de las ciudades a la hora de impulsar el cambio global desde la base, desde los estados con mayor cercanía. Sin duda que los gobiernos locales son responsables políticos, catalizadores del cambio y el nivel de gobierno mejor situado para vincular los objetivos globales con las comunidades locales.
UN SISTEMA VIRTUOSO DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ARRAIGO, DESARROLLO LOCAL Y PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DE CIUDADES. TIEMPO Y ASERTIVIDAD
A partir de reconocer la inmejorable situación de ciudades y gobiernos locales para transformar la realidad de los ciudadanos de una manera palpable y tangible es que pensamos en la necesidad de trazar una estrategia que incluya “ambas caras de la misma moneda”; por una lado una batería de políticas de arraigo focalizadas en conseguir Desarrollo Local en municipios más pequeños, periféricos, rurales donde la escasa densidad poblacional, la falta de oferta de servicios, comodidades y de infraestructura los pareciera hacer inviables; pero sin embargo es donde verdaderamente se genera buena parte de la riqueza de las naciones.
Contar con un efectivo sistema de políticas de arraigo, permitiría conseguir el tiempo necesario para llevar adelante programas de planificación urbana en las ciudades intermedias, grandes y también corregir asimetrías en las megalópolis regionales. La desigualdad que exhibe nuestra región en general, se puede observar replicada hacia el interior de la misma. No sólo América Latina como región sufre profundas asimetrías, sino que dichas asimetrías se replican en cada uno los sus países miembros, con zonas extremadamente ricas y vecinos extremadamente pobres; esa realidad vuelve a replicarse hacia el interior de los Países con ciudades con PBI similar a la media europea, pero con zonas desintegradas socialmente con problemas de acceso a la vivienda, a un trabajo digno y a una alimentación saludable.
En este sentido, la planificación urbana tiene que ser abordada desde la complejidad de los problemas que presentan las ciudades en los países en desarrollo y en coordinación con gobiernos locales próximos y gobiernos locales rurales no tan próximos. En tal sentido, van siete puntos que considero especialmente relevantes:
Primero, atendiendo a las diferentes demandas de los habitantes, suelo, construcción de viviendas, transporte y vías de comunicación.
Segundo, estableciendo las condiciones para que las industrias aprovechen las economías de escala que ofrece la aglomeración urbana, por ejemplo, la eficiencia en el traslado de personal, los proyectos de infraestructura y la dotación de servicios públicos.
Tercero, asegurar el desarrollo social de sus habitantes y vecinos, garantizando el acceso a los servicios de salud, educación, agua, cloacas, electricidad; pero también, el respeto a los espacios públicos y la protección de la propiedad de las personas, así como su seguridad.
Cuarto, fortalecer el cuidado del medio ambiente, haciendo eficiente la separación y recolección de desechos y sancionando a empresas contaminadoras e impulsando e incentivando el transporte no contaminante.
Quinto, la planificación tiene que ser pensada en términos metropolitanos e involucrar a otros territorios, ya que la fuerte expansión urbana sobrepasa las fronteras político-administrativas.
Sexto, el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, capaz de ofrecer empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, es un elemento clave del desarrollo territorial y urbano sostenible, y que las ciudades en coordinación con gobiernos locales rurales pueden aprovechar tanto la economía de escala de la aglomeración de unos, y los recursos naturales y la potencialidad productiva de otros. Tal como suele plantear Daniel Arroyo, “el desarrollo local como estrategia para la inclusión debe entenderse como la capacidad de llevar adelante un proyecto que considera y toma en cuenta las potencialidades territoriales, sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales y culturales de manera sustentable». Esto significa pensar “desde abajo”, teniendo en cuenta cuáles son los recursos disponibles para, de ese modo y en función de los actores y potencialidades existentes, promover actividades socio-productivas que puedan interrelacionarse con las ciudades”.
Séptimo, se tienen que coordinar acciones con gobiernos locales próximos y gobiernos locales rurales no tan próximos, para entre todos tomar en cuenta el factor poblacional para prever la demanda futura de servicios, suelo y transporte, en este aspecto es que entendemos que se trata de una planificación de mediano y largo plazo coordinada y consensuada entre ciudades metropolitanas y gobiernos locales rurales.
La lucha contra las asimetrías requiere de tiempo, planificación y coordinación de políticas orientadas a pequeños gobiernos locales rurales, ciudades intermedias y grandes ciudades. Porque hay algo que está claro, y es que las ciudades no están pudiendo combatir eficazmente las desigualdades. Algunas de las ciudades latinoamericanas tienen los mayores índices de desigualdad del planeta. La masiva urbanización latinoamericana actual no responde a una genuina oferta de mejores condiciones de vida, como a lo mejor alguna vez ocurrió.
Gonzalo Quilodrán es Licenciado en Ciencia Política, Especialista en Gobierno y Desarrollo Local y Tesista de la Maestría en Dirección y Gestión Pública Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
- 7 ejes para la planificación urbana en Latinoamérica - 16 octubre, 2018
