Conflicto de interés e interferencia de la industria de alimentos en el diseño de políticas de alimentación saludable, es el título de un documento que presentamos recientemente desde la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes. Esta red, que nació gracias a la iniciativa conjunta de UNICEF Argentina y FIC Argentina, está compuesta por más de 40 organizaciones de la sociedad civil de todo el país y tiene como misión promover políticas basadas en evidencia científica que mejoren el entorno alimentario y, de esta manera, prevenir la obesidad infantil en la Argentina.
El documento aborda el concepto de conflicto de interés en relación con los procesos de promoción de políticas públicas de alimentación. La necesidad de trabajar sobre el conflicto de interés surgió a partir de la identificación, tanto en Argentina como en la región, de la creciente interferencia de la industria de alimentos en el diseño de políticas de alimentación saludable para retrasar u obstaculizar su avance. En el diseño de estas medidas debe primar el interés de la protección de la salud y no el interés comercial.
Desde la Coalición señalamos que la industria pueden frenar o demorar la implementación de políticas a través de diversos mecanismos: pueden participar sus representantes directamente en la mesa de discusión política o bien actores que representen a sus intereses promoviendo políticas inefectivas o demorando la implementación de políticas que cuentan con sólida evidencia. Asimismo, los conflictos de intereses se encuentran presentes en el campo de la producción científica. La industria de alimentos puede financiar estudios de investigación para generar evidencia que responda a sus intereses; pueden establecer convenios de investigación con instituciones públicas y privadas, entre otras acciones.
A partir de un ejemplo concreto identificamos argumentos de la industria que interfieren con la promoción de un sistema de etiquetado frontal de advertencias. Este sistema consiste en la inclusión, en el frente de los envases de alimentos y bebidas, de unos sellos negros con forma de octógonos que señalan el contenido en exceso de los nutrientes críticos como grasa, sodio, azúcar. La industria de alimentos sostiene que este etiquetado no es efectivo. Sin embargo, la evidencia señala lo contrario: en Chile, donde rige la Ley de Etiquetado desde el año 2016, los análisis realizados a pocos meses de su implementación muestran que el 68% de la población comprende los sellos y que la compra de bebidas azucaradas disminuyó en casi un 24%.
La industria de alimentos puede financiar estudios de investigación para generar evidencia que responda a sus intereses; pueden establecer convenios de investigación con instituciones públicas y privadas, entre otras acciones.
La experiencia de Chile, así como del resto de los países de la región que aprobaron este etiquetado (Perú, México y recientemente Uruguay), sientan un precedente importante para promover esta política en Argentina. En este camino, es necesario sortear los obstáculos y argumentos falaces de la industria de alimentos, y apoyarse en la evidencia científica sólida.
Precisamente con el objetivo de evitar la interferencia de la industria y transparentar los procesos de regulación, la Coalición recomienda:
1) Desarrollar una política y un marco legal vinculante, con sanciones, que evite la intromisión de la industria en los distintos ámbitos del Estado.
2) Que los gobiernos no promuevan ni avalen la autorregulación por parte de las empresas en materia de etiquetado de alimentos y marketing, ya que se ha demostrado que estas prácticas no son efectivas.
2) Para los casos donde es necesario que las empresas establezcan un diálogo con actores del Estado, especificar de forma precisa en qué instancia/s de los procesos políticos pueden participar las empresas y en cuáles no, a fin de garantizar la ejecución de la política pero también la transparencia y efectividad.
4) Cuando la industria u otro actor participe de una instancia de discusión de una política, debe ser obligatoria la firma de una declaración de conflicto de interés, a fin de dejar en claro si posee un interés económico en la discusión.
La Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes es una red de organizaciones de la sociedad civil creada en el año 2017 gracias a la iniciativa de FIC Argentina y UNICEF Argentina. Actualmente, está conformada por más de 40 organizaciones de todo el país. Su objetivo principal es promover políticas públicas basadas en evidencia científica que mejoren el entorno alimentario y que contribuyan a la prevención de la obesidad en niños, niñas y adolescentes.
Para más información en: www.prevenirobesidadinfantil.org
Es licenciada en Nutrición por la Universidad Maimónides, Buenos Aires. Es autora de diversas publicaciones científicas y desde el año 2012 se desempeña como investigadora del área de políticas de alimentación saludable de FIC Argentina.
- Conflicto de interés en políticas de alimentación saludable - 13 junio, 2020
