Cuando el trabajo y nuestras actividades y reuniones cotidianas se vieron afectadas por la pandemia Covid-19, los servicios fijos y móviles de internet y telefonía y de televisión paga nos permitieron continuar nuestras actividades, seguir educándonos, tener acceso a la salud, realizar compras cotidianas, mantener ciertos consumos culturales, acceder a información fundamental para nuestro cuidado y, fundamentalmente, seguir vinculándonos con nuestros seres queridos. Mantener la capacidad de ejercer nuestros derechos y obligaciones depende, en parte, de nuestro acceso a la conectividad y es por eso que todos los servicios TIC fueron declarados como servicios públicos esenciales en competencia. Partimos de la premisa del derecho humano a la conectividad. No somos el único país que comprendió el carácter esencial de estos servicios.
El desarrollo económico con inclusión social es nuestro norte, una decisión política de nuestro Presidente pero también una cuestión práctica y, claro está, una promesa de campaña que cumplimos con medidas de gobierno en el año que pasó: “Es con todxs”. En este paso surge con fuerza el diálogo: a partir del intercambio de ideas, necesidades y perspectivas con los más de 2000 actores del sector TIC se inició el descongelamiento de tarifas a través de un esquema equilibrado, que supone un esfuerzo colectivo para responder a la pandemia, cuidar a la población y motorizar la economía.
Las tarifas, sus posibles aumentos y la prestación integral de servicios deben ser coherentes con la realidad social en la que vivimos. En Argentina los sectores de menores ingresos pagan más por los servicios móviles en sus modalidades “prepago”, que son la forma de conexión más masiva (en parte gracias a la licitación 4G de 2014). En ese sentido, la incorporación de un plan básico universal a la oferta de las proveedoras de telefonía móvil es una posibilidad de conectividad estable a un precio accesible para personas de bajos recursos, a la vez que es un piso más estable de clientes para las empresas. Acá se amortigua la primera asimetría, cuidando los ingresos de quienes menos tienen y garantizando accesos más equitativos.
Mantener la capacidad de ejercer nuestros derechos y obligaciones depende, en parte, de nuestro acceso a la conectividad y es por eso que todos los servicios TIC fueron declarados como servicios públicos esenciales en competencia. Partimos de la premisa del derecho humano a la conectividad
El aumento del 5% para los servicios TIC, inicio del descongelamiento tarifario después de la suspensión de aumentos dispuesta en abril pasado por efecto de la pandemia, el 8% de aumento para prestadores con menos de 100 mil abonados que no hayan aplicado aumentos en 2020 y las recientes reuniones con cooperativas y federaciones que representan al sector cooperativo y pyme, son consideraciones inéditas para la regulación de estos servicios y la construcción de esquemas de trabajo futuros. La regulación asimétrica no solo beneficia a la ciudadanía, sino que contempla la trama compleja y diversa de prestadoras que constituyen el universo TIC nacional atendiendo a su diferente escala.
El escenario definido por una serie de reglamentaciones de diferente origen y naturaleza (pensemos tanto en el DNU 690/2020, como en la posterior reglamentación que estableció el ENaCom, como así también en las resoluciones impulsadas desde la Secretaría de Innovación Pública), es amplio e incluye tanto la visión del desarrollo e inversión de la industria como la promoción de la competencia a su interior. Veamos.
A lo largo de 2020 tomamos la decisión política de impulsar medidas concretas para avanzar en la universalización del acceso a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Comenzamos diseñando el esquema de inversiones del Estado. El Plan Conectar que lanzamos en septiembre pasado contempla una inversión superior a los $40.000 millones de pesos para los próximos tres años. Con este Plan Nacional de Conectividad estamos retomando la industria satelital argentina -abandonada por el gobierno anterior- para llevar conectividad a zonas rurales; estamos recuperando la Televisión Digital Abierta que encontramos en condiciones de obsolescencia y postergación (nuevamente, afectando a quienes menos recursos tienen); estamos avanzando en la extensión de la la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) y actualizando el equipamiento electrónico para aumentar la velocidad de la red, e invirtiendo en el Centro Nacional de Datos de Arsat para alcanzar los máximos estándares internacionales, actualizar su equipamiento y desarrollar la Nube Pública Nacional.
A su vez, mantuvimos un diálogo fluido con todos los actores que al igual que nosotros tienen en su horizonte de trabajo una agenda vinculada con la ampliación de la conectividad en nuestro país. Atentos a demandas que venían de muchos años atrás, escuchamos sus pedidos e impulsamos medidas para brindar mejores condiciones de competencia en el sector. Reglamentamos la Compartición de Infraestructura Pasiva TIC -lo que estaba pendiente de resolución desde hace muchos años- que incorpora a pequeños actores y estimula la competencia en un sector que demanda constantemente de políticas públicas con criterio asimétrico. Siguiendo la política de desdolarización de las tarifas que plantea el Gobierno de Alberto Fernández, establecimos un tipo de cambio de referencia por seis meses para los cargos de interconexiones móviles, fijas y trunking digital, beneficiando a pequeños prestadores. También lanzamos una consulta pública para la reglamentación de Wi-Fi 6 E, un estándar de conectividad que permite mejores experiencias de usuario ante una mayor demanda de ancho de banda y que permitirá una gestión y administración eficientes del espectro radioeléctrico, orientadas al desarrollo de nuevas tecnologías.
Además, a través de Enacom, instrumentamos la portabilidad numérica fija una demanda de varios años por parte del sector privado que permitirá mejorar la calidad de las comunicaciones fomentando la competencia entre operadores. Además reglamentamos la despaquetización de señales en tv por suscripción, que baja las barreras de entrada para los competidores medianos y pequeños, corrigiendo una práctica que en los hechos obstruía la competencia en el sector audiovisual.
Estas medidas las tomamos escuchando las demandas de todos los actores que forman parte del sector TIC, con el objetivo final de darle un nuevo marco de posibilidades para su desarrollo y crecimiento.
A diferencia de la gestión anterior -que se basó en la captura de un área estratégica del sector público por parte de los intereses más concentrados del mercado, que obturó la competencia y que ralentizó la dinámica de crecimiento de accesos registrada en los años previos- nosotros creemos que la política debe adaptarse a las necesidades sociales. Un Estado presente tutela los derechos fundamentales que surgen de esas necesidades de la ciudadanía. El camino de la innovación con inclusión es una convicción para favorecer el acceso de la ciudadanía a las TIC.
Un Estado innovador es aquel que trabaja para garantizar la igualdad en la diversidad, que lleva adelante políticas de ampliación y creación de derechos y que, por sobre todas las cosas, avanza sin dejar a nadie atrás. Porque, y recordando lo que dijo Néstor Kirchner, no vinimos a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno.
