Salmoneras atrapadas en su propia red

Hay una industria en Chile que parece no estar comprendiendo la importancia del cumplimiento ambiental, del mismo modo, que no ha incorporado la prevención, la información y la transparencia como pilares del desarrollo de su actividad. Menos aún, termina de asimilar la nueva forma de relacionarse con la autoridad, las comunidades y el mundo científico en particular.

Me refiero a la industria salmonera, que se ha transformado en la segunda actividad exportadora del país, con cerca de 5.500 millones de dólares y que nuevamente hace noticia en materia ambiental por hechos que comprometen, aún más, su alicaída imagen reputacional.

Esta vez, por convertirse en la primera “industria formalizada” bajo la vigencia del nuevo delito de contaminación de aguas del artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que castiga muy especialmente el mal comportamiento empresarial y que afectó a cuatro ex ejecutivos de la salmonera Nova Austral -de capitales noruegos y estadounidenses-, tanto por el referido delito de contaminación de aguas, como por el delito de Fraude en Subvenciones de la Ley Nº 18.392, denominada “Ley Navarino”.

Este hecho, de relevante simbolismo en materia ambiental, atendida la gravedad de los hechos que se imputan y los bienes jurídicos comprometidos, – fe pública y medio ambiente- debe constituir para un sector productivo que tiene cifras récords de infracciones a la normativa ambiental, un antes y un después en el modo en que culturalmente aborda el cumplimiento de la ley ambiental y su relación con la autoridad. Así también para el gobierno, un significativo aliciente para dar pronto cumplimiento a una de sus promesas de campaña, referida a tramitar con urgencia el proyecto que crea los delitos penales ambientales, boletín 12.398-12.

Con todo, constituye una muy buena noticia, el reciente avance a tercer trámite constitucional del proyecto de ley que modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura, que castiga, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (de 5 a 10 años) la sustracción de especies desde un centro de cultivo, la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde dichos centros.

El nuevo ciclo político, regulatorio y social del país, exige una transformación y modernización profunda de la industria salmonera, que le permita recuperar con urgencia capital reputacional, respetabilidad y competitividad. Ese camino, de seguirse responsable y disciplinadamente, muy probablemente evitará que esta importante industria para el país finalmente muera atrapada en su propia red.