El Movimiento Arraigo que integro viene planteando hace tiempo la importancia estratégica de impulsar la soberanía alimentaria como eje central de una política que propicie el desarrollo armónico de todo el territorio nacional, para poner fin un largo proceso de concentración económica y poblacional que convierte en inviable al proyecto de una Nación justa, libre y soberana. La Argentina, como potencia agro alimentaria mundial, debe proponerse y construir herramientas que posibiliten la industrialización, el trabajo nacional y el acceso a igualdad de derechos en cada rincón de la Patria.
En tal sentido, venimos observando cómo ese desarrollo necesario para ser una Nación soberana, se ve trabado por decisiones de algunos grupos concentrados que, movilizados solo por sus intereses y maniobras financieras, condicionaron y condicionan el fortalecimiento de un mercado interno de consumo y de industria con agregado de valor, que se plantee primero el objetivo de alimentar a su pueblo y después abastecer al mundo no solo de materias primas, sino con productos de trabajo y tecnología nacional, que permita a nuestro pueblo obtener los beneficios de los procesos productivos.
La Argentina, como potencia agro alimentaria mundial, debe proponerse y construir herramientas que posibiliten la industrialización, el trabajo nacional y el acceso a igualdad de derechos en cada rincón de la Patria.
Es en este estado de situación, agravado por la pandemia del CoronaVirus, que resulta determinante y estratégico que el Estado Nacional comience a tomar decisiones en los mercados alimenticios, utilizando instrumentos que le permitan intervenir en los mismos y orientar la matriz productiva para evitar la constante especulación financiera y poder lograr más valor agregado, más trabajo y más territorialización de la producción.
Celebramos por tanto la decisión del gobierno nacional – que va en línea con la búsqueda de garantizar la soberanía alimentaria – de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, tanto para rescatar y resolver la situación de los cientos de productores agropecuarios afectados por el sospechoso quebranto del grupo, como para consolidar una compañía que se constituya como actor fundamental a la hora de defender un recurso estratégico como es la producción de alimentos, en alianza estratégica con una empresa nacional de combustibles, de capitales mixtos y amplia experiencia en el apoyo a la actividad agropecuaria.
Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Senador Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido intendente de San Antonio de Areco en dos oportunidades.
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