Suele existir, a veces en Estados Unidos un conflicto entre los ideales de una sociedad multirracial y multicultural y el ideal constitutivo de los estados norteamericanos, que se apoya en el imperio de la ley. Los desafíos que atraviesa el mundo hoy (el independentismo en Cataluña, los reclamos de las comunidades mapuches en el sur argentino, la insistencia de Trump en poner límites a la inmigración desde México, el problema de los refugiados africanos en Europa, el terrible drama de la etnia rohingya, víctimas de limpieza étnica en Birmania, el conflicto por las armas nucleares entre el “rocket man” norcoreano y los Estados Unidos, el régimen venezolano, etc.) parecen poner sobre el tapete, una y otra vez, un problema que ha formado parte de la discusión entre las sociedades organizadas desde tiempos muy antiguos.
La sociedad griega –cuna de la civilización- había ensalzado al notable poeta Hesíodo (aprox. 700 a.C.), para quien no había un valor más necesario para el ennoblecimiento humano que el imperio de la justicia. Roma es el ejemplo más célebre, y a esa sociedad debemos el orden social que muchas veces damos por sentado. Pero el concepto de justicia no fue ajeno a la China de Confucio o al Japón imperial: la humanidad no puede hacer otra cosa, a lo largo de la historia, que reafirmar la necesidad del acuerdo racional para dirimir los conflictos. Esto es válido tanto en el ámbito de la política internacional como en una vulgar discusión dentro de las redes sociales: somos sujetos de derecho. Todos nosotros: los catalanes, los madrileños, los argentinos, los mapuches, los norcoreanos, los birmanos, los rohingyas y los venezolanos. Sí, las democracias occidentales defienden la libertad como algo sagrado, pero en rigor no somos libres, sino sujetos (de derecho). Porque el derecho a disentir sólo es posible debido a que una ley puede garantizarnos que, en última instancia, habrá una resolución a la cual estemos todos obligados –seamos tirios o troyanos- a someternos.
El ejemplo de Corea del Norte es más que evidente: sin una ley internacional que los ampare, los norcoreanos no puden, desde hace décadas, decidir sobre sus propias vidas. Y la ausencia de ley, con el paso del tiempo, nos arrastra lentamente a un peligro a escala global. Por fortuna aún los “sin ley” están obligados, al menos momentáneamente, a someterse al derecho. La estrategia creada por las grandes potencias para hacer frente a un conflicto nuclear (conocida como MAD –Mutual Assured Destruction-) sugiere que sólo la disuasión recíproca ha mantenido –y mantiene- el equilibrio que aún hace posible la vida en la era nuclear.
La ley, entonces, no es puro cuento ni una superstición de los pueblos antiguos. El derecho –que siempre es internacional- deberá imperar, hoy más que nunca, entre nosotros. Es entendible que un conflicto como el del reclamo independentista catalán no tenga una solución inmediata: colisionan allí consideraciones que van más allá de la formación del estado español moderno. También parece complejo el problema de los rohingya, cuyas causas e implicaciones los occidentales desconocemos.
Más sencillo debería ser dirimir conflictos como el que se plantea en nuestra Argentina, donde algunos reclamos se basan en la suposición de que podría existir un «estado» mapuche, que pudiera no someterse al estado soberano argentino en nuestro sur-. La solución aquí es simple, porque hay sólo una ley: la de la República Argentina, que protege los derechos de todos, y ofrece, inclusive, derechos especiales para aquellas minorías que puedan estar en situación de vulnerabilidad. Todos somos libres en la medida en que no atentemos contra el poder que protege nuestras propias libertades.
Fernando León es Abogado por la UBA, especialista en Asuntos Públicos en Latinoamérica, analista de política internacional y nuevas tecnologías. Becario del Programa International Visito Leadership Programme y Presidente de la Fundación Diplomacia Ciudadana.
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