Con una nueva legislación aprobada por todos los partidos políticos – a excepción de la ultraderecha – Holanda frena aumento de los alquileres por 3 años y sólo permitirá aumentos del 1 por ciento por sobre la inflación (habitualmente poco significativa). En años anteriores los alquileres subieron hasta 10 por ciento en un año a pesar de que Holanda tiene hasta un 30 por ciento de vivienda social asignada. Los precios de las viviendas en todo el mundo estuvieron subiendo los últimos años aunque a partir de la pandemia se está observando un fenómeno de migración urbana hacia áreas suburbanas de la mano del impulso del teletrabajo, la tendencia pareciera consolidarse aunque todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones.
La ley fue presentada por el diputado Henk Nijboer y afectará medio millón de viviendas cuyo alquiler supere los 750 euros mensuales. Se calcula que el año pasado unos 87.000 inquilinos sufrieron aumentos que bajo esta nueva regulación serían ilegales. La nueva regulación los protege en un contexto de pandemia y estimula aún más la discusión acerca de si la vivienda es un bien de mercado o si – al afectar un derecho humano como es el de la vivienda – no debería tener regulaciones más firmes por parte de los estados que garanticen su acceso.
En años anteriores los alquileres subieron hasta 10 por ciento en un año a pesar de que Holanda tiene hasta un 30 por ciento de vivienda social asignada.
La problemática de la vivienda es compleja y tiene diversos fenómenos que impactan directamente en su precio. En los últimos años el auge del turismo a través de AirBnB disparó los precios de alquiler mensual por la conveniencia de alquilar los departamentos temporalmente a través de la aplicación con rentabilidades muy superiores al alquiler tradicional. Muchas viviendas salieron del mercado convencional de alquiler para ser dedicadas al turismo. Otras ciudades como Berlín también han elegido el camino del congelamiento de alquileres. Finalmente Holanda frena aumento de los alquileres pero la discusión no termina ahí, el parlamento evalúa nuevas regulaciones que permitan atar el valor del alquiler al ingreso del inquilino o la posibilidad de descuentos temporales a los inquilinos por contextos complicados.
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