En Argentina estamos acostumbrados a las crisis como un mecanismo de resiliencia casi necesario en nuestro ADN. El origen siempre es económico, con un devenir político y naturalmente social. Quedó lejos el granero del mundo y la potencia que supimos construir en la génesis fundacional de nuestra Nación. Hace largas décadas que el principal problema tiene raíz en nuestra moneda.
Por la desconfianza, consecuencia de sucesivas crisis, la economía tiende a dolarizarse, más allá de los esfuerzos que hagan los sucesivos gobiernos por evitarlo. Y en esa lógica, los más dañados, siempre, son los sectores más vulnerables, sencillamente porque la devaluación del peso afecta directamente en el costo de vida.
En estos términos, es conveniente animarse a plantear la creación de una moneda digital argentina sólo para uso de planes sociales, alimentos, transporte y farmacias, para ver la trazabilidad e identificar cómo y dónde se gasta el dinero, en pos de hacer más eficiente el abordaje de las políticas de contención social. En un desarrollo inicial, podría utilizarse la plataforma de las tarjetas SUBE con su componente Sube App desde un dispositivo móvil para incorporar a ese software la bancarización de las cuentas que ya están registradas con el fin de sumar la percepción de planes y asignaciones por esa vía.
Entre las cuestiones más positivas de esta propuesta, que tomé de un gran amigo como Fernando Gril, estudioso de la cosa pública siempre pensando en el bien común, se destaca una importante suba de la recaudación por parte del Estado, sobre todo si se tiene en cuenta que hoy se calcula que las arcas públicas se pierden la mitad de lo que se recauda en IVA por el comercio informal, uno de los grandes problemas estructurales del sistema argentino.
En base a esta experiencia, en caso de éxito, se puede plantear a futuro una digitalización total de la moneda, generando mayor recaudación para el Estado, confianza y credibilidad en la economía. Si bien cada política monetaria esta signada por la realidad de su país y su contexto, podemos observar ejemplos interesantes en China, Canadá o Suecia, entre otros, que nos empujan a pensar en un modelo aplicable en la Argentina, inicialmente pensado en cuidar y contener a los sectores más vulnerables. También la Reserva Federal de Estados Unidos está explorando el camino para emitir un dólar digital.
A diferencia de las criptomonedas u otro tipo de representación digital de dinero utilizada por la banca comercial, las monedas digitales emitidas por bancos centrales tienen su equivalente en el mundo real, es decir, están respaldadas por dinero físico y sometido a las regulaciones de cada país.
En Argentina, es importante agregar que con esta digitalización de la moneda se tendería a evitar la intermediación de personas que en la distribución de asignaciones y planes puedan manipular o desviar fondos en el camino en perjuicio de los genuinos beneficiarios. En definitiva, aportaría mayor transparencia como ocurre con la tarjeta AlimentAR, en una suerte de fiscalización para el propio Estado como proveedor de esos fondos.
Indudablemente, para que la iniciativa tenga éxito debe garantizarse la privacidad de las operaciones, la trazabilidad y el anonimato de los usuarios. En cualquier caso, lo que es seguro es que, hasta aquí, ningún gobierno ha encontrado una solución de fondo al problema de la moneda. Si bien es cierto que en los modelos más liberales la estabilidad cambiaria la regula el mercado, con los riesgos que eso supone, y que en un modelo más proteccionista como el actual el Estado suele intervenir, entre otras cuestiones, para evitar la fuga de capitales, la desconfianza hacia el peso por parte de los ahorristas ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas. Por todo, este es el tiempo de una moneda digital argentina. Tenemos las condiciones y el capital humano para hacerlo.
Vicepresidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Fue Director Ejecutivo en Pami, se ha desempeñado también como Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel y Consultor en temas de políticas públicas de Salud.
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