Cuidar la vida como valor supremo, desactivar la bomba perfecta de una deuda irracional honrando al mismo tiempo nuestra palabra y compromiso como Estado ante el mundo, y diseñar la mejor alternativa para que 45 millones de argentinos y argentinas volvamos a encontrarnos tras una pandemia de consecuencias sociales y económicas sin precedentes a nivel mundial y todavía difícilmente mensurables. Ese es el escenario actual y también el desafío que viene; el de reactivar la economía impulsando la producción, con la mirada en la industrialización regional de nuestras provincias; la producción de alimentos: la agroindustria, las agroexportadoras, las pymes alimenticias y la agricultura familiar; los recursos naturales, los hidrocarburos y la minería; las energías renovables; la economía del conocimiento e industria 4.0, las de la salud, y una banca de desarrollo y un sistema financiero pensado para apalancar esta reactivación económica. Las economías requieren redes de infraestructuras de comunicaciones, energía y transporte bien desarrolladas para expandir su mercado interno y competir internacionalmente.
Enfrentar ese desafío requiere conocer con exactitud el punto de partida: una deuda que representa el 90% del PBI y que el propio FMI calificó como insostenible; y una pandemia que amenaza con posibles y devastadores rebrotes. En ese contexto y desde el lugar que nos toca, como organismo coordinador de políticas sociales, evaluamos la posibilidad de establecer un ingreso básico universal, empezando por aquellos que no pueden esperar. Esto requiere de un Estado eficiente que construya y tome el punto exacto de partida del ciudadano y o ciudadana con relación a sus ingresos, qué y cuánto recibe y cuánto necesita para poder llegar a una línea de ingresos tal que le permita salir de la indigencia, o pobreza extrema.
La Argentina tiene el desafío de poder construir políticas sociales de transferencia de ingresos con mayor equidad, para poder generar igualdad de oportunidades, que se deberán sostener inexorablemente hasta la recuperación económica: un nuevo contrato social basado en el consenso y desde una perspectiva federal, atendiendo los equilibrios necesarios entre diferentes administraciones. Concretamente, se trata de lograr consensos sobre la idea de un ingreso ciudadano universal para garantizar un piso de igualdad, y evitar al mismo tiempo la catástrofe social que significa caer en la indigencia.
Otra línea de acción tiene que ver con la puesta en marcha de obras de infraestructura básica en los municipios, algo que permitiría una rápida
inserción laboral de sectores informales -especialmente golpeados por la pandemia- y al mismo tiempo potenciaría el consumo y los engranajes de la industria de insumos para la construcción. Con todo, cualquiera sea el esquema de transferencia de ingresos, siempre requiere una evaluación exhaustiva. Se trata de cuidar los recursos del Estado con eficiencia y transparencia. Por eso también creemos que el uso responsable de la tecnología es clave para recorrer la etapa que viene.
Concretamente, se trata de lograr consensos sobre la idea de un ingreso ciudadano universal para garantizar un piso de igualdad, y evitar al mismo tiempo la catástrofe social que significa caer en la indigencia.
Trabajar en la inclusión financiera de la población pasa a ser un objetivo central de la política pública, al mismo tiempo que garantizar la conectividad; construir una billetera digital administrada por el Estado nacional que hoy realiza los pagos y prestaciones sociales más importantes. Garantizar los sistemas de cobro y pago ya sea mediante código QR o mecanismos similares es hoy un reaseguro indispensable para que esos dineros públicos no terminen finalmente en circuitos informales, o en el sistema financiero tradicional que vía comisiones se hacen de una porción de esos ingresos, y que muchas veces terminan encareciendo los precios de los bienes y servicios que se pretenden adquirir.
Justamente por la necesaria custodia del rendimiento de esos fondos es necesario pensar que el Estado pague sus prestaciones a través de este sistema que permite el cobro y el pago de la moneda, de la misma forma que hoy garantiza la provisión del papel moneda en todas sus instancias: producción, logística y mantenimiento, evitando así el aumento del costo que esto significa y promoviendo los circuitos que permiten la recuperación vía impuestos de estos fondos, que provienen ni más ni menos del aporte de todas y todos los argentinos al pagar sus impuestos.
Trabajar en la inclusión financiera de la población pasa a ser un objetivo central de la política pública, al mismo tiempo que garantizar la conectividad; construir una billetera digital administrada por el Estado nacional que hoy realiza los pagos y prestaciones sociales más importantes.
La transparencia en la administración de recursos públicos en la pospandemia ya no es una opción, sino una obligación. Sólo mediante un riguroso monitoreo de los dineros públicos podremos saber entonces cómo y en qué se invierte cada peso, cada centavo de las arcas públicas.
Actualmente es Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la República Argentina y concejala ad honorem de la ciudad de La Plata.
