Con los comicios de Colombia se completan seis elecciones generales entre noviembre de 2017 y mayo de 2018. Se cumple una etapa importante del calendario político de América Latina y el Caribe. A simple vista la democracia se fortalece velozmente: ¡casi una elección por mes! Analizando en profundidad es un proceso intenso que modifica el mapa político de estas naciones y produce efectos inmediatos en el campo internacional. Por lo tanto, es fundamental que estos procesos sean legítimos para garantizar que el poder cuente con suficiente autoridad para enfrentar con éxito los desafíos nacionales e internacionales.
La democracia cuestionada.
En las elecciones de Honduras, Paraguay y Venezuela los tribunales electorales anunciaron ganadores a los candidatos oficiales del régimen contra las denuncias de ilegalidades y protestas de fraude. En Honduras y Paraguay se denunciaron la parcialidad de los órganos de justicia que permiten competir a los presidentes en ejercicio pese a la expresa prohibición de su constitución, el abuso de los bienes del estado y la adulteración de resultados. En Venezuela, los principales partidos de oposición no participaron y quienes intervinieron denunció la parcialidad de los órganos electorales, la inducción al voto y la dispersión de locales de votación a favor del gobierno.
Frente a estos reclamos, algunas naciones democráticas y organismos regionales tuvieron una actuación incoherente. Así la OEA, principal organismo regional, intervino con energía exigiendo nuevas elecciones en Honduras, negando legitimidad al de Venezuela, pero con improvisación e incoherencia al aceptar como normales las elecciones en Paraguay. En el caso de la UE, es más desconcertante aún, puesto que no reconoce la legitimidad del proceso venezolano y aplica sanciones, pero otorga validez a las ilegalidades e irregularidades en Honduras y Paraguay.
Estos episodios “per se” cuestionan la solidaridad y defensa internacional de la democracia, porque vulneran la vigencia de las libertades políticas, el estado de derecho y el régimen constitucional en estas naciones consagrados expresamente en el primer y quinto capítulo de la Carta Democrática Interamericana así como procesos que ningún estado europeo habría aceptado para sí y que están expresamente precautelados en la acción externa de la Unión (Art. 21 del Tratado de Lisboa).
En el caso de la UE, es más desconcertante aún, puesto que no reconoce la legitimidad del proceso venezolano y aplica sanciones, pero otorga validez a las ilegalidades e irregularidades en Honduras y Paraguay.
Las consecuencias internacionales.
En apariencia, las elecciones parecen limitarse a definir quienes gobernaran. Nada más alejado de la realidad. Con resultados contestados, la disputa política e ideológica se vuelve conflictiva y no permiten la gobernabilidad para enfrentar con éxito los problemas sociales y económicos de las naciones.
Para enfrentar conflictos, los científicos políticos han comprobado que se necesita la fuerza del auténtico voto popular y el respeto a los preceptos legales para tener la capacidad de establecer acuerdos, promover consensos y ejecutar políticas publicas exitosas. Los procesos políticos y el respeto a las reglas son tanto o más importante que los actos electorales
Por tanto, es muy relevante, la transparencia del proceso político electoral para que las decisiones de los nuevos gobernantes sean acompañas y respetadas por el pueblo.
Así también, resulta esencial que la comunidad de naciones democráticas actúe conforme a los acuerdos internacionales respetando sus principios para que la sociedad internacional sea un ámbito donde las decisiones tengan la fuerza y el vigor que otorga la soberanía popular. Caso contrario la convivencia internacional estará sometida a intereses sectoriales, excluyentes y disruptivos que no respetaran los tratados, acuerdos ni las leyes que garantizan la convivencia pacífica.
Los gobiernos de Honduras y Paraguay demuestran esas indeseadas consecuencias. Ambos gobiernos han decidido trasladar sus embajadas a Jerusalén en abierta rebeldía a la posición histórica de América Latina y del Caribe de propiciar la solución pacífica de los conflictos y acompañar las resoluciones de la Asamblea General de las NN.UU.
Es Abogado, Magíster en Ciencia Política (UNA- Paraguay), Diplomado en Desarrollo Regional (ILPES/CEPAL – Chile), y Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho ( UFV- España). Profesor de Ciencia Política Contemporánea y Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Asunción. Se desmpeñó como Embajador del Paraguay ante la República de Portugal. Actualmente es Investigador del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa (CEI-IUL).
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