La semana pasada, Alicia Bárcena la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) propuso que los estados latinoamericanos garanticen una canasta básica digital en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Esta canasta estaría compuesta por una computadora, un teléfono inteligente, una tablet y un plan de conexión para aquellos hogares que no acceden a una conexión. El costo anual que ha calculado la CEPAL para un plan de estas características es inferior al 1 por ciento del Producto Bruto Interno, por otro lado el impacto que una inversión de este tipo podría tener en el acceso a los servicios públicos (educación y salud por ejemplo) o en materia de productividad superaría ampliamente esta cifra.
El llamamiento es novedoso y se enmarca en el debate mundial sobre los derechos digitales como una cuarta generación de derechos humanos. En ese sentido la discusión propone que los estados entiendan que las personas que no tienen acceso – sea por conectividad o por falta de hardware – a internet se encuentran excluidas, incluso de las prestaciones de los mismos estados. Según la Secretaria ejecutiva «las brechas de acceso condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas».
Esta canasta estaría compuesta por una computadora, un teléfono inteligente, una tablet y un plan de conexión para aquellos hogares que no acceden a una conexión. El costo anual que ha calculado la CEPAL para un plan de estas características es inferior al 1 por ciento del Producto Bruto Interno.
Según el organismo en toda América Latina el 46 % de los niños y niñas de entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados, un informe de la Universidad Católica Argentina daba cuenta el año pasado que en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires – la zona más poblada y desigual del país – la mitad de lo chicos no accedía a una computadora. Según un informe del mismo organismo el 66 por ciento de las personas latinoamericanas pueden acceder a internet, el tercio restante está impedido, ya sea por razones económicas, sociales, políticas o geográficas. Sin dudas el debate sobre la Canasta básica Digital recién comienza y se vincula con declarar internet servicio público medida que han tomado ya Chile, Brasil y recientemente Argentina.
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