El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, con el aval de la gobernadora María Eugenia Vidal y obviando el debate en la legislatura, dictó en los últimos días de diciembre la Resolución No 246/18, poniendo en riesgo sanitario a todas las poblaciones del interior de la provincia.
La resolución establece que a partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán una “zona de amortiguamiento”. En criollo, la nueva normativa permite que en el lote de al lado de tu casa, de la escuela donde mandas a tus hijos, o del curso de agua del cual bebes, se pueda aplicar productos agroquímicos, altamente contaminantes para la salud. Mientras la mayoría de las legislaciones razonables, tanto locales como provinciales, intentan generar una zona libre de dichos productos, lo que hace la resolución -con el eufemismo de “zona de amortiguamiento”- es incorporar también esa zona a las áreas permitidas y dejar toda tu suerte en salud librada a las “buenas prácticas agropecuarias”, conforme a la opinión de ingenieros agrónomos que asesoran y cobran, precisamente, de quienes aplican esos productos.
En algunos distritos gobernados por intendentes peronistas, no sin una fuerte oposición de quienes hoy representan a Cambiemos, pudimos lograr una regulación seria de esta materia, en la que se prevén no solo buenas prácticas en todo el territorio, sino una franja libre de aplicación, de manera de evitar cualquier riesgo de que el producto afecte la salud de las personas, fundamentalmente de los niños. La norma del gobierno de Vidal, en cambio, sin pasar por un debate legislativo, permite la aplicación de productos nocivos hasta el límite mismo de las zonas urbanas.
Mientras la mayoría de las legislaciones razonables, tanto locales como provinciales, intentan generar una zona libre de dichos productos, lo que hace la resolución -con el eufemismo de “zona de amortiguamiento”- es incorporar también esa zona a las áreas permitidas y dejar toda tu suerte en salud librada a las “buenas prácticas agropecuarias”, conforme a la opinión de ingenieros agrónomos que asesoran y cobran, precisamente, de quienes aplican esos productos.
En este contexto, constituye un verdadero escándalo permitir que se fumigue en los lotes linderos a las escuelas. Las escuelas rurales tienen un ámbito de esparcimiento, juegos, actividades que están expuestas al riesgo continuo. Claramente no alcanza con limitar el horario. Fumigar con los niños presentes ya sería el colmo de la insensibilidad. Pero lo cierto es que el producto queda presente en los cultivos, en el suelo y en las napas.
El mundo entero debate sobre la necesidad de pensar en modelos productivos sostenibles, amigables con el medio ambiente, que preserven nuestro suelo y nuestra gente de la acción depredadora del mercado. Sin embargo, la gobernadora Vidal y su ministro de Agroindustria dictan la resolución más permisiva, provocadora y desconsiderada posible. Borran de un plumazo todos los avances que se vienen realizando en la materia y entregan a las multinacionales el control absoluto del recurso natural más bendito que tiene nuestra provincia y nuestro país. Desoyen años de lucha de pueblos enteros que vieron dañada su salud y su cultura por la imposición de esos poderes que solo una comunidad fuerte, organizada políticamente y con un Estado presente pueden limitar.
El gran desafío de la dirigencia política del futuro, es el de concebir, planificar, organizar y realizar políticas públicas que se vinculen, no con la lógica de maximizar la ganancia, teniendo al dinero como único factor en la toma de decisiones, sino más bien con los territorios en donde las familias llevan adelante el cumplimiento de sus sueños: se relacionan, producen y se educan; construyen su vivienda, trabajan, pero también aspiran a un justo descanso y esparcimiento, a partir del modo de ser cultural que cada comunidad encuentre para la búsqueda de realización tanto personal como comunitaria.
En este contexto, constituye un verdadero escándalo permitir que se fumigue en los lotes linderos a las escuelas. Las escuelas rurales tienen un ámbito de esparcimiento, juegos, actividades que están expuestas al riesgo continuo. Claramente no alcanza con limitar el horario.
Por eso, las fuerzas políticas opositoras que aspiramos a gobernar la provincia después del 10 de diciembre de 2019, debemos empezar a trabajar ya en una política de soberanía alimentaria que garantice que nuestro pueblo pueda decidir qué y cómo produce, qué y cómo consume y de qué manera organizar una distribución y comercialización que permita a nuestro pueblo acceder al derecho básico a la sana alimentación, en condiciones de seguridad y a precios populares.
El primer paso para eso es rechazar este tipo de decisiones antidemocráticas, que solo defienden el interés de unos pocos grupos económicos (de los cuales provienen) en perjuicio de la población en su conjunto.
Es abogado por la Universidad Católica Argentina. Ha sido concejal y presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana en San Antonio de Areco. Actualmente es Diputado Provincial por la Segunda Sección de la Provincia de Buenos Aires.
