En una de las ciudades más caras del mundo, comprar comida se volvió un problema político. Nueva York, símbolo global del capitalismo urbano, acaba de abrir una discusión que parecía de otra época: ¿puede el Estado vender alimentos más baratos que el mercado?
El alcalde Zohran Mamdani anunció el avance de una red de supermercados públicos, una iniciativa que busca instalar tiendas municipales en los cinco distritos de la ciudad. El objetivo es simple y ambicioso: bajar el precio de los productos básicos, mejorar el acceso a alimentos frescos y responder a una crisis de asequibilidad que golpea especialmente a los barrios de menores ingresos.
Según el plan oficial, la ciudad destinará 70 millones de dólares en fondos de capital para desarrollar cinco supermercados públicos, uno por cada borough. La lógica del proyecto es que el municipio aporte suelo, infraestructura y reducción de costos fijos para que esos ahorros lleguen al precio final de los alimentos.
La primera ubicación anunciada fue La Marqueta, en East Harlem, un mercado histórico ubicado bajo las vías del tren en Park Avenue. Allí se proyecta una tienda de unos 9.000 pies cuadrados, construida desde cero, con apertura prevista para 2029. Pero el primer supermercado en funcionar podría estar antes en el Bronx: la ciudad confirmó una segunda sede en The Peninsula, en Hunts Point, con una tienda de 20.000 pies cuadrados que debería abrir en 2027.
La elección del Bronx no es casual. Hunts Point forma parte del South Bronx, una zona atravesada por problemas históricos de pobreza, acceso desigual a servicios y dificultades para conseguir alimentos frescos a precios razonables. El nuevo supermercado formará parte de un desarrollo urbano más amplio en el antiguo predio del Spofford Juvenile Detention Center, que incluirá viviendas accesibles, espacios públicos, áreas comunitarias y actividad comercial.
Una “opción pública” para la góndola
Mamdani presenta la medida como una “opción pública” frente a un sistema alimentario dominado por grandes cadenas, intermediarios y costos urbanos cada vez más altos. De acuerdo con la administración local, los precios de los alimentos en Nueva York subieron casi 66% en la última década, por encima del promedio nacional.
La idea no es necesariamente que el Estado reemplace a los supermercados privados, sino que intervenga en zonas donde el mercado no garantiza precios accesibles o buena oferta de productos frescos. El modelo se apoya en una premisa concreta: si la ciudad puede reducir costos como alquiler, construcción o impuestos inmobiliarios, esos márgenes podrían trasladarse a productos esenciales más baratos.
En la práctica, el desafío será enorme. Abrir un supermercado no es solo tener un local y góndolas. Requiere logística, compras mayoristas, control de stock, acuerdos con proveedores, manejo de perecederos, tecnología de inventario, personal capacitado y capacidad para competir con cadenas que ya tienen escala.
Por eso, el debate en Nueva York no tardó en aparecer.
Entre la innovación pública y el riesgo de competir con privados
Los defensores del proyecto lo comparan con otros servicios públicos: bibliotecas, transporte, hospitales o escuelas. Desde esa mirada, si la comida es una necesidad básica, el Estado puede intervenir para asegurar acceso, especialmente en barrios donde los ingresos no acompañan el costo de vida.
Los críticos, en cambio, advierten que los supermercados públicos podrían terminar siendo caros de sostener, ineficientes o injustos para pequeños comercios y bodegas que ya operan con márgenes muy bajos. También cuestionan si tiene sentido invertir millones en tiendas municipales cuando podrían fortalecerse subsidios directos, cupones de alimentos o alianzas con comercios existentes. Medios como Forbes plantearon que el problema no es la intención, sino el riesgo de que la ciudad termine administrando mal un negocio complejo.
La experiencia tampoco parte de cero. En Estados Unidos existen antecedentes de mercados subsidiados o iniciativas público-privadas para mejorar el acceso a alimentos. Food & Wine recordó casos como Azalea Fresh Market, en Atlanta, y experiencias históricas de mercados municipales en Nueva York, aunque con resultados diversos.
Lo interesante: la comida como infraestructura urbana
Más allá de la discusión ideológica, la propuesta de Mamdani pone sobre la mesa una pregunta central para las ciudades del futuro: ¿la alimentación debe pensarse solo como consumo o también como infraestructura?
Durante años, la agenda urbana habló de transporte, vivienda, energía, conectividad y salud. Pero la inflación alimentaria, la concentración de proveedores y la desigualdad territorial muestran que el acceso a comida fresca y barata también define la calidad de vida en una ciudad.
En ese sentido, los supermercados públicos de Nueva York son un experimento político y urbano. Si funcionan, podrían convertirse en un modelo para otras ciudades que enfrentan el mismo problema: salarios que no alcanzan, alquileres altos, alimentos cada vez más caros y barrios donde la oferta saludable es limitada. Si fracasan, reforzarán el argumento de quienes creen que el Estado no debería meterse en la góndola.
Por ahora, Nueva York decidió probar. En la ciudad donde casi todo se compra y se vende, el acceso a los alimentos acaba de convertirse en una política pública de primera línea.
