El proyecto de ley de despenalización del aborto que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación con 71 legisladoras y legisladores firmantes.
Un resumen del proyecto de ley:
- La derogación de los artículos 85 inciso 2, 86 y 88 del Código Penal de la Nación, referidos a las sanciones para las mujeres que aborten.
- Interrupción legal del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.
- La Salud pública, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y otros agentes que brinden servicios médicos deberán incorporar la cobertura integral de la interrupción del embarazo como prestación médica obligatoria para sus afiliados.
- No será necesaria ninguna autorización judicial previa para practicar un aborto.
- A partir de los 16 años la mujer «tiene plena capacidad» para ejercer este derecho, y para el rango de 13 a 16 años también «se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.
- Se autoriza a las menores de 13 años, en cuyo caso se requerirá el consentimiento informado de la mujer, «con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o un representante legal».
Actualmente, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de forma taxativa, establece tres causales: «si el embarazo fuera producto de una violación», «si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer» o «si existieren malformaciones fetales graves». Sin embargo, sólo 8 de las 24 provincias tienen protocolos de atención de abortos no punibles.
Datos que nos alertan y nos duelen:
- Mas de 100.000 jóvenes menores de 19 años se convierten en madres año a año en Argentina, lo dijo el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias.
- Además, aclaró, 7 de cada 10 de estos embarazos no son planificados.
- Cada 5 minutos nace un bebé de una mama adolescente.
- Cada 3 hs. una mujer menor a 15 años se convierte en madre.
- El 69% de estos embarazos son no planificados.
- Se calculan medio millón de abortos por año en nuestro país. Lo que implica que aproximadamente un 40% (cuarenta por ciento) de los embarazos no se llevan a término.
Actualmente, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de forma taxativa, establece tres causales: «si el embarazo fuera producto de una violación», «si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer» o «si existieren malformaciones fetales graves». Sin embargo, sólo 8 de las 24 provincias tienen protocolos de atención de abortos no punibles.
En Argentina los abortos se practican desde el principio de los tiempos, y la discusión es si se harán de manera clandestina o no. Pues siguiendo los datos publicados por el think tank “Economía Feminista”, las pastillas de misoprostol cuestan alrededor de $2.500 (dos mil quinientos pesos) y la práctica médica del aborto puede costar entre $10.000 y $17.000 (diez mil y diecisiete mil pesos), pero la canasta básica llega $16.000 (dieciséis mil), y más del 76% (setenta y sies por ciento) de las mujeres ganan menos de $13.000 (trece mil pesos) mensuales.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está ocurriendo con la Salud Sexual Integral, con la Educación Sexual Integral en los colegios, con la anticoncepción gratuita en las salas de atención primaria de la salud?
No parece estar en la agenda de nuestros legisladores enviar pedidos de informes a Ministerio de Salud o Educación Nacional o lo propio en sus respectivas provincias. ¿Quién representa a las mujeres, niñas y adolescentes más pobres en nuestra provincia y en nuestro país?
La situación está planteada, la pelota está del lado de la cancha de nuestros representantes legislativos: votarán en función de la salud pública o de sus creencias particulares y personales, esa es la cuestión.
Pamela Ares es Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Políticas Públicas, Diplomada en desarrollo local con perspectiva de género y en Gestión y Control de Políticas Públicas. Preside Fundación Contemporánea y ha sido directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de las Provincia de Salta. Actualmente es Coordinadora regional para el NOA del Plan Argentina Contra el Hambre.
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