Cuando no existe un plan serio de salud que se ocupe de fondo del problema sanitario en la Argentina, sobrevienen proyectos altisonantes que, cada dos por tres, ganan espacio en el Congreso y los medios se hacen eco de ellos. Y la mayoría pasan sin pena ni gloria, tal como han llegado: sin modificar nada. Distraen del verdadero foco de atención de un problema urgente y complejo, y sólo agregan más leña al fuego de la división partidaria de un país en llamas.
Semanas atrás, el partido Republicanos Unidos, encabezado por Ricardo López Murphy, alineado con Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley en la ciudad para que las provincias paguen de su bolsillo por cada uno de sus habitantes que se atienda en los hospitales del CABA. A esta iniciativa la llaman “Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional” –lo mismo también, pretenden llevarlo al plano educativo-. Es decir, si uno no tiene residencia en CABA se le tomará nota de su localidad de origen y luego, como en todo servicio, se le extenderán los gastos detallados a la provincia que corresponda. “Los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones”, propusieron legisladores de Republicanos Unidos. “Mensualmente se remitirán los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”. Dicen que así la ciudad podrá prestar un mejor servicio a sus vecinos y que paguen el costo las provincias por la atención de sus residentes.
Es cierto que los residentes del interior, si tienen posibilidad de viajar y elegir, prefieren la asistencia en hospitales de CABA. Las estadísticas indican que casi el 14% de los residentes del conurbano mayores de 18 recibieron atención médica en CABA cinco años atrás. Y durante el 2010, tres de cada diez pacientes internados en hospitales públicas de CABA, residían en la provincia de Buenos Aires.
Pero no hay que olvidar un dato: la Ciudad de Buenos Aires recibe un gasto per cápita en salud que se multiplica por tres veces y medio al que recibe, por ejemplo, el sistema de salud pública del Conurbano. Sumar más beneficios a la ciudad de Buenos Aires es sólo empujar un sistema ya de por sí desigual –aún dentro de CABA, el barrio donde uno vive impactará en la atención médica que recibirá-y arrastrarlo aún más al abismo.
La iniciativa en la legislatura porteña del partido de López Murphy no es la única avanzada del neoliberalismo sobre la salud en la ciudad de Buenos Aires. Desde Libertad Avanza, el partido que dirige Javier Milei, en misma línea ideológica, se propuso un proyecto de ley para restringir el acceso gratuito al sistema de salud en CABA para todos los extranjeros, exceptuando los residentes. “Buscamos asegurar un sistema de salud público de calidad en la ciudad para quienes paguen impuestos en la ciudad. Alrededor del mundo, a pesar de contar con un sistema “público” de salud, son pocos los países que brindan el servicio y bienes completamente gratuitos. Por ejemplo, de los 35 Estados que conforman América, tan solo tres de ellos brindan un acceso gratuito irrestricto”, destacó el proyecto presentado por el legislador porteño Ramiro Marra.
Además de amenazar valores fundamentales de un sistema de salud público y gratuito, el neoliberalismo en su avanzada fue por más. Ahora, a través de un proyecto de ley, proponen demoler un ícono del peronismo: el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio, primer rascacielos de la ciudad y con la figura de Eva con iluminación nocturna. La iniciativa se presentó un 31 de agosto, el mismo día en que Evita renunciaba en 1951 a su candidatura como vice: todo un mensaje político subliminal. Dicen que, el edificio bloquea la circulación fluida por la avenida y atrae cortes callejeros innecesarios. “Hay un empeño por destruir los símbolos que tienen que ver con el peronismo”, advirtió el artista plástico Daniel Santoro.
¿No será ya hora de que, en lugar de discutir por símbolos y restricciones innecesarias, arreglar uno de los problemas más urgentes que tiene la Argentina que es su sistema sanitario? ¿No va siendo tiempo de tomar lecciones de la moraleja de la pandemia, y debatir a fondo una salud integrada, centralizada e inclusiva, donde el ministerio de Salud no sea mero testigo de su debacle y pueda tomar las riendas de un problema que nos atraviesa a todos? ¿Acaso nos toman por tontos al creer que, eliminando un edificio centenario y de alto simbolismo ideológico, se acabarán los cortes, las necesidades, y sobre todo se corregirán mágicamente las disparidades de un sistema sanitario que pide a gritos una solución inclusiva y equitativa?
La salud es un derecho universal. Y los símbolos también.
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