Por “fenómeno del descreme” podemos entender al proceso por el cual las obras sociales comenzaron a perder afiliados de mayores ingresos que, habilitados a elegir libremente por cualquier cobertura sin importar su actividad laboral, emigraban hacia empresas de medicina prepaga a partir de la derivación de sus aportes. De esa manera, en las entidades sindicales, sólo fueron quedando los trabajadores de menores aportes con los grupos familiares más numerosos. El resultado: un fuerte desfinanciamiento de años en las obras sociales sindicales.
El Decreto 438/2021 del Gobierno Nacional se percibió como un acto de justicia en las obras sociales sindicales. Es que, desde la desregulación de los mercados de la salud en la década de los noventa, las entidades prestadoras de origen gremial sufrieron dicho fenómeno. El decreto 438/2021 modifica al 504 del 12 de mayo de 1998 y establece que “los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.
UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE SALUD
El Sistema de Obras Sociales Nacionales brinda la cobertura de salud a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público nacional. Se conforma por cerca de 260 obras sociales donde el 90% son las obras sociales sindicales, es decir, las manejadas por los sindicatos que engloban a los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos de trabajo. El 10% restante son las obras sociales de Dirección, que son los trabajadores que están por fuera de los convenios colectivos (ejecutivos y profesionales).
Hacia finales de los años ’40 cada sindicato firmaba un convenio colectivo y formaba su obra social donde compulsivamente se afiliaban todos los trabajadores de la rama de la actividad. Los trabajadores no se podían cambiar de obra social y, estando los afiliados cautivos, no había incentivos de las obras sociales a dar buena cobertura. A principio de los ‘90, las obras sociales sufrieron una profunda crisis económica producto de la hiperinflación y, en consecuencia, la insatisfacción de la gente con el servicio fue cada vez más notorio. Tanto es así que mucha gente tenía doble cobertura, pagando una prepaga para acceder a mejores prestaciones.
En los ’90, se llevó a cabo un proyecto integral de reconversión de las obras sociales (PROS), en el cual se les prestó mucho dinero a las obras sociales para que salgan de su crisis y se reconviertan. Pero, a cambio, se estipuló que debían empezar a competir entre ellas como una forma de colocar una regla que incentive la buena atención. Así es como en 1996 comienza la competencia entre obras sociales y es en este momento donde las empresas de medicina prepaga comenzaron a celebrar convenios con obras sociales chicas, con el objetivo de acaparar a los trabajadores que quisieran derivar su aporte a una prepaga. A este mecanismo se lo conoce como “derivación de aportes”.
Por “fenómeno del descreme” podemos entender al proceso por el cual las obras sociales comenzaron a perder afiliados de mayores ingresos que, habilitados a elegir libremente por cualquier cobertura sin importar su actividad laboral, emigraban hacia empresas de medicina prepaga a partir de la derivación de sus aportes.
En 1998, cuando recién se iniciaba la libertad de elección, se estipuló que quien comenzaba una relación laboral tenía que permanecer un año en la obra social que le correspondía según la rama de su actividad. Esta restricción fue anulada en el año 2001. El principal objetivo era evitar que personas que habían elegido derivar su aporte a una prepaga perdieran la cobertura cuando cambiaban de empleo. La decisión del Gobierno ahora fue restablecer esta restricción a la libre elección.
Frente a esta decisión, y a la luz de los hechos, podemos afirmar que la República Argentina está frente a la responsabilidad de frenar el fenómeno de descreme, en un contexto de confrontación constante entre dos modelos de país (la denominada “grieta”). El decreto, entonces, busca ponerle fin a la sangría de las obras sociales sindicales y construir un Sistema de Salud Integrado, para así. De esta manera, la salud individual se fortalece en la colectiva, atravesada por políticas económicas, sociales y culturales. Una sociedad atenta y preocupada por responder a las necesidades de su población garantizará el acceso universal al sistema. También, existe la cuestión de exigir al afiliado que aporte durante el primer año a la obra social de su actividad. Esto llevaría a una posible distorsión al régimen de financiamiento del sistema de salud. A las empresas de medicina privada se les autorizó sólo un 26% de aumento desde diciembre del 2019, cuando la inflación general fue del 71%, y muchos de sus costos aumentaron por encima del promedio. Si la libre elección se anula en el primer año de la relación laboral, en definitiva, caerá sobre la gente que deberá hacer un doble gasto en salud cuando cambie de empleo, si quiere mantener su cobertura privada. Lo significativo es que este mayor esfuerzo de las familias no implicará mayor financiamiento a la medicina privada.
UN DEBATE NECESARIO
Resulta imperioso poner en debate este nuevo decreto lanzado que, entre otras cosas, frenará los engaños a afiliados por parte de empresas que se acercaban a los trabajadores con promesas infundadas. Esto aportará tranquilidad a los afiliados y garantizará un mejor financiamiento y por ende, un fortalecimiento de las prestaciones en las obras sociales sindicales. El arte de articular entre lo público y lo privado traerá un sin fin de controversias. El foco, en este sentido, deberá estar apuntado en brindar soluciones en ambos sectores, favoreciendo una negociación entre las empresas de medicina prepaga, el Estado Nacional y las obras sociales sindicales, para que en conjunto le den soluciones, equidad e integración a cada afiliado que pertenece al Sistema de Salud.
Probablemente esta nueva decisión política en torno a la salud inaugure un antes y un después hacia la construcción de un Sistema de Salud. Para que esto sea posible, será necesario alejarnos de la involución. El decreto no cercena libertades si no que, por el contrario, incluye, da equidad, obliga a las obras sociales a solventar prestaciones, a adquirir contratos nuevos con hospitales, farmacias y centros de salud. Pone la atención en la inversión en infraestructuras, en dar acceso sin importar condiciones geográficas, económicas o sociales. A su vez, les brindará a las empresas de medicina privada la posibilidad de patear el tablero y no actuar facilitando el descreme. Proporcionará herramientas para trabajar en conjunto con las obras sociales, debatiendo y articulando, dando la posibilidad de que ésto sea un antes y un después en el ámbito de la salud, alineándose para el verdadero fin: la salud del pueblo argentino.
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